Portal de transparencia

Introducción

El preámbulo de la ley, la transparencia, el acceso a la información pública, y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. De manera que, sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.

Con este objetivo fue aprobada la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG), norma que tienen un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas- reconoce y garantiza el acceso a la información-regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo- y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública.

Aquí podrá encontrar la información más relevante y detallada que se entiende necesaria para impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia en el ámbito de las profesiones, y, especialmente, garantizar la adecuación de este Colegio al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre de la de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTBG), en el ámbito concreto de las Corporaciones de Derecho Público (Art. 2 apartado e), tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad sujeta a derecho administrativo y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a dicha actividad.

Todas las Administraciones Públicas, entidades del sector público, órganos constitucionales (incluida la Casa de Su Majestad el Rey) y sus equivalentes a nivel autonómico, así como Fundaciones del Sector Público, Asociaciones constituidas por Administraciones Públicas o Sociedades Mercantiles con participación pública mayoritaria, las Corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo, están obligadas a cumplir la Ley de Transparencia. Es decir, deben publicar la información que la Ley menciona y, además, responder a las solicitudes de información que se presenten.

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